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Rutas de la memoria - La Marea

Suplemento de La Marea sobre memoria histórica coordinado por Olivia Carballar

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No hay concordia sin memoria

"Andalucía vuelve a la casilla de salida tras el pacto entre PP y Vox. Pierden las víctimas, pierde la sociedad y pierde la política".

30 enero, 2019

Horacio Hermoso, hijo del último alcalde republicano de Sevilla, tras realizarse la prueba de ADN. O. C.

Olivia Carballar

«La ley de memoria histórica nos divide». Así despachó Juanma Moreno la pregunta que le hizo la periodista Ana Pastor poco más de una semana después de ser nombrado presidente de la Junta de Andalucía sobre sus planes con respecto a las víctimas del franquismo. «La ley de concordia nos une», añadió. Concordia, dice la RAE, es efectivamente unión, conformidad. Pero para que pueda haber unión y conformidad no puede haber olvido. Es decir, para que haya concordia tiene que haber memoria, que no es lo mismo que revancha. La memoria es el reconocimiento de los hechos como verdad, es la reparación de las víctimas y es la justicia. Punto. No votó en contra el PP de Juanma Moreno a la ley de memoria histórica de Andalucía que ahora ha pactado derogar de acuerdo con las exigencias de Vox. Pero tampoco tuvo reparo en nombrar en su discurso a eminencias represaliadas por el franquismo como Lorca –fusilado–, Alberti o Zambrano.

Andalucía vuelve así a la casilla de salida. Pierden las víctimas, pierde la sociedad y pierde la política, que tanto ganó con Javier Giráldez, director general de Memoria Democrática en la última etapa del gobierno socialista de la Junta. Enero ha sido raro, por calificarlo de alguna manera, pero ha traído también buenas noticias para las víctimas del franquismo dentro y fuera de Andalucía. Hasta el último día.

1.

30 de enero. Ayuntamiento de Palamores del Río. En esta localidad sevillana vive Horacio Hermoso. Tiene 91 años. Su padre, del mismo nombre, fue el último alcalde republicano de Sevilla y está supuestamente en una fosa del cementerio de la capital. Un técnico del laboratorio municipal le pasa un palillo por el interior de la boca. Por un lado y por el otro. Es una prueba de ADN. Las representantes del Ayuntamiento que hoy le acompañan –la edil Adela Castaño (PSOE) y Teresa García (de la Oficina de Memoria Histórica)– recuerdan que abrirán este año la fosa denominada como Pico Reja, en la que se calcula que hay restos de más de 1.000 personas. Le explican que su padre, por la fecha del fusilamiento –finales de septiembre–, es posible que esté en otra conocida como Monumento.

-¿Van a abrir la fosa?, pregunta incrédulo Horacio.

-Sí.

-¿Seguro?

-Seguro.

-¿En esta tierra? ¿En Sevilla?

-En esta tierra.

-¿En Sevilla? Si es una ciudad fascista por naturaleza…

-En esta tierra, en Sevilla.

Horacio permanece sentado junto a su nieto Cayetano, con su bastón posado en una esquina de la sala consistorial. Dice sin miramientos, como «un papel de lija del 4», que aquello fue una matanza, una masacre. Y explica en una frase demoledora cómo ha sido su vida desde que asesinaron a su padre: «He sido testigo de un mundo terrible desde los 8 años». Las representantes del Ayuntamiento le piden disculpas. Por llegar tan tarde, por tantos años sin hacer nada. Habla Horacio de la complicidad de la Iglesia en el franquismo, que sigue sin pedir perdón: «La vida de mi padre dependía del palacio arzobispal. El cardenal Ilundain tiene calle en Sevilla. Por eso no me gusta Sevilla». Habla de 1982, del triunfo de Felipe González y su celebración junto a Alfonso Guerra en el Palace. Del olvido desde entonces. Habla de su detención por la Brigada Político Social. Habla con una claridad inmensa. De Paul Preston. Del fascismo de Vox. «Y del fascismo en el PP», puntualiza. Habla del dolor que siente esta mañana, en aquella silla. Y dice, con 91 años encima, que no puede perdonar. «Este país no da para más», concluye. ¿Concordia? ¿A quiénes piden concordia? Coge su bastón y, del brazo de su nieto, regresa a su casa con la verdad, con los recuerdos, con la historia. Sin que el rey, por cierto –que ha recibido estos días a una superviviente del holocausto nazi– haya pedido perdón tampoco.

2.

Mientras el partido de ultraderecha apoyaba la investidura de Juanma Moreno, que ha formado gobierno con Ciudadanos, Moncloa aprobaba 15 millones de euros destinados a políticas de memoria en sus presupuestos. Ahora falta por ver si tendremos finalmente presupuestos o elecciones generales (y si Franco sale o no del Valle de los Caídos).

3.

Un juzgado de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada el pasado diciembre por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y cuatro vecinos sobre los crímenes que cometió la dictadura franquista en esta localidad. Unos días antes, un juzgado de Valencia había admitido también una querella contra varios policías de la Brigada Política y Social por torturas cometidas durante la detención de 12 militantes comunistas en 1971.  

4.

El Ayuntamiento de Barcelona ha revocado los honores a diez dirigentes del franquismo, entre ellos el propio dictador, Francisco Franco. Las medallas fueron concedidas por el mismo consistorio durante el régimen (1964). Además, el consistorio ha aprobado conceder la Medalla de Oro de la ciudad al Mérito Cívico al abogado antifranquista August Gil Matamala.

5.

En Córdoba ha comenzado este mes la exhumación en el cementerio de La Salud. Me quedo con estas palabras del historiador Francisco Acosta sobre el inicio las catas, un hecho histórico para tantas familias: «No advertí –no había– rencor en las miradas, reproche en los gestos, o revancha en las palabras –pocas– de las víctimas, tampoco resentimiento cuando Esperanza, Manuel, Antonio, Carmen, o Luis invocaron a sus padres, tíos, hermanos, abuelos y madres al tomar el legón el otro día […] Se trata en primer lugar y fundamentalmente del deber cívico de dignificación de los represaliados. Se equivocan quienes creen que se trata de política, ni siquiera –aunque debiera– de justicia penal. Se trata de la justicia moral de la dignidad. De la dignidad colectiva como sociedad», escribió en Diario de Córdoba.

Y un apunte

42 años ya de los crímenes de los abogados de Atocha. Y 42 años también de las muertes, en sendas manifestaciones esa misma semana negra de enero, del estudiante Arturo y Ruiz y la estudiante Mari Luz Nájera. Manuel Ruiz, hermano del primero, lo ha recordado también estos días. Era 1977. Era la Transición, esta otra Transición de la que nos han hablado tan poco. Su familia es una de las firmantes de la iniciativa Juicio a Martín Villa, que ha comenzado con ruedas de prensa en diferentes ciudades. «La política de impunidad del Estado español en relación con la falta de investigación y enjuiciamiento de los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista y la denominada Transición política, es un problema actual que afecta a la sociedad y a los cimientos básicos de cualquier Estado que pretenda cumplir unos estándares mínimamente democráticos”, arranca el manifiesto.

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